En román paladino: que los ciezanos, los aproximadamente 35.000 ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, tenemos que apoquinar (esperen que saque la calculadora…) unos 17,20€ por cabeza para pagar esta deuda que ahora explicaremos. Pero es que hay otras, como la de 5.000.000€ ¡cinco millones! de la parcela V6 para cuyo abono cada ciezano y ciezana tiene que rascarse el bolsillo por valor de 142,86€. Y así muchas más que van saliendo.
Esto resulta ya vergonzoso. No hace demasiado, en realidad muy poco antes de que la burbuja inmobiliaria estallara y nos dejase a casi todos (no, a los ricos y a las grandes empresas, no) temblando y pagando lo que otros habían despilfarrado, Cieza se adhirió a la especulación inmobiliaria con un frenesí que hizo incluso que el Ayuntamiento de la localidad saliese en los informativos nacionales. ¿Y por qué? Pues porque la corporación de gobierno saliente aprobó el día antes de las elecciones municipales una modificación del plan urbanístico por la que 20,5 millones de m2 de suelo rústico (léase secarrales de pasto para cabras) pasaron de la noche a la mañana a convertirse en suelo urbanizable en un pelotazo de magnitud 10 en la escala de Richter por el que se pretendía construir 37.000 nuevas viviendas (más que habitantes tiene Cieza) y seis campos de golf. Algunas de las empresas dieron incluso “adelantos” al Ayuntamiento para garantizar unos convenios urbanísticos que, según sus cálculos, traerían a Cieza más de 107.000 nuevos habitantes: tres veces más de los que por aquel entonces tenía la ciudad.
Y como se hacían las cosas como se hacían, nadie se molestó en estudiar las disponibilidades de un humilde pero imprescindible elemento para estos planes sin base: el agua. Y cuando la Confederación Hidrográfica del Segura dijo que no, que no había agua para esa monstruosidad, la cosa se complicó. De aquellos amores entre el Ayuntamiento de entonces y las empresas especuladoras (no pueden ser adjetivadas de otra manera) se pasó a estos rencores y batallas judiciales para que se devuelva a estas empresas lo que en su momento adelantaron.
Y mientras tanto, los paganos o pagadores de todos estos entuertos somos los de siempre: los ciudadanos de a pie, los vecinos de la villa que no hemos visto un solo euro de todos estos que en su momento llegaron al Ayuntamiento ni mejora alguna en las infraestructuras que nos hubiese convencido de que algo bueno se hizo al menos con ese dinero. No lo duden ustedes, mis queridos sufridores contribuyentes: contribuiremos, sí, a pagar lo que otros despilfarraron y puede que otras cosas, pero esta vez habría que hacer algo para que al menos nunca vuelva a ocurrir una cosa parecida.
Un partido político propone que sean quienes aprobaron con alevosía y nocturnidad este desaguisado urbanístico los que se hagan responsables con su patrimonio del pago de la multa y no los sufridos ciezanos. Me parece una magnífica idea, aunque esto tendría que ser extensible a toda la acción política nacional. ¿Saben ustedes, queridos lectores, cuánto dinero se ha tirado en este país en los últimos decenios, incluso en plena crisis, por parte de políticos irresponsables de cuya integridad moral dudo sobremanera? Porque en mi opinión sólo si se obtiene un beneficio personal o de partido se pueden comprender tantas corruptelas, tantos pelotazos, tantas medidas que a pesar de su impopularidad fueron tomadas contra viento y marea. De lo contrario, nos encontraríamos ante unos políticos con una inteligencia y un saber estar por debajo de la que puede tener, por ejemplo, un hámster. Y dado que esto es poco creíble, me inclino por la primera hipótesis. Y a esto se le denomina en argot legal administración desleal y enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y dolo, prevaricación y no sé cuántas figuras más del código penal.
Pues eso: a investigar qué pasó con esos 600.000€, con los muchos otros marrones que nos están cayendo y nos caerán encima en los próximos meses, a denunciar a quien haya que denunciar, independientemente de las siglas políticas bajo las que se arrope, y no sólo a condenar a penas (siempre demasiado leves) de prisión o inhabilitación, sino además y sobre todo a obligar a quienes cometieron el daño a devolver lo sustraído o a hacerse cargo de las multas consecuencia de su actividad especuladora o al servicio de especuladores.
Que ya estamos un poco, o un mucho, hartos.
