Hay una persona cuyo nombre no voy a nombrar. Porque no merece la pena nombrarla. Pero todo el mundo sabe quién es. Esa persona (no le voy a dar el apelativo de señor, no me da la gana) ha ocupado varios altos cargos en la Administración española, Entre ellos, el de ministro de Defensa durante los gobiernos de José María Aznar.

Durante su mandato como ministro, sucedieron algunos de los hechos más lamentables de la reciente historia de nuestro Ejército. Participamos en una guerra injusta para beneficio de unos pocos, poquísimos, y en la que murieron soldados españoles que, a pesar de todos los pesares, defendían a su país. Se cometieron abusos sin cuento, como comprar para nuestros soldados chalecos antibalas el doble de caros y que protegían mucho menos que otros más eficientes, sólo porque la empresa que los vendía pertenecía a familiares de altos cargos del gobierno. Se contrató a empresas fantasma con aviones que deberían llevar años desguazados para transportar a nuestras tropas desde y a los diferentes lugares del planeta en los que estaban destinados. Se ignoraron los informes de altos mandos que advertían del peligro que se corría. Pero el entonces ministro de Defensa pasó por completo de las advertencias. ¡Qué importaba poner en riesgo la vida de los soldados españoles si se podía ahorrar un dinero que, a tenor de lo visto después, dudo mucho de que tuviera un destino limpio!

Pues bien, no fue necesario esperar mucho para que los peores temores de mandos y tropa que habían avisado de la posibilidad de una catástrofe se hicieran realidad. El 26 de mayo de 2003 un avión de origen soviético Yak-42 se estrellaba en una montaña cerca de Trebisonda, en Turquía. Las 75 personas que viajaban en él, 62 de ellas militares españoles, morían en la catástrofe. Fue la mayor pérdida de vidas humanas sufrida por el Ejército español en tiempo de paz en toda su historia.

La reacción del ministerio de Defensa fue desconcertante. Se dio la orden de repatriar inmediatamente los restos y de realizar las autopsias de forma urgente, en 24 horas. Apenas dos días después se celebraba el funeral de Estado, donde las escenas de dolor y de rabia podían parecer naturales al gran público, pero cuya posterior explicación dejaría estupefacta a la opinión pública española. Inmediatamente se dio a las familias los restos mortales de sus difuntos, con la petición perentoria de que fuesen rápidamente enterrados, y a ser posible incinerados, y la práctica prohibición de abrir los féretros.

¿Por qué tanta rapidez? Muy sencillo. El gobierno, y el responsable directo de todas las chapuzas y tropelías que se habían cometido y se iban a cometer, el ministro de Defensa, deseaban cerrar rápidamente el asunto ante el temor de que trascendieran a la opinión pública dichas chapuzas y tropelías. Pero fue peor el remedio que la enfermedad. Se supo entonces que se habían ignorado los informes de varios oficiales, incluido un teniente coronel, sobre el pésimo estado de los aviones. Se supo entonces que la empresa a la que se concedió el contrato realizó hasta cinco niveles de subcontratación hasta llegar a los Yak-42 de UM Airlines, auténticos ataúdes volantes. Se supo entonces que varios soldados y oficiales habían avisado a sus familias sobre el pésimo estado del avión en el que estaban montando. Se supo entonces que las autopsias no se habían realmente realizado, y que el reconocimiento de los cadáveres era absolutamente incompleto. Se supo entonces que se habían entregado a las familias ataúdes que contenían los restos de fallecidos que no eran sus difuntos. Se supo entonces que algunos ataúdes contenían tres piernas, y otros restos irreconocibles de varios cuerpos.

Y se supo después que se acusó a los familiares de los militares fallecidos de rojos y oportunistas, y de defender intereses electorales. Se supo después que la culpa de todo recayó sobre unos pocos oficiales que tan sólo cumplían las órdenes emanadas del ministerio. Se supo después que el ministro culpó a los pilotos muertos, que llevaban días sin descansar, aunque poco antes y públicamente el ministro juraba que habían descansado lo suficiente. Se supo después que se culpaba de la chapuza realizada a las autoridades y militares turcos, a pesar de que desde el primer momento prestaron toda la colaboración posible a nuestras autoridades civiles y militares españolas.

Y lo peor de todo: nadie pidió perdón, nadie se reconoció culpable. Quien debía haber presentado su dimisión inmediata no sólo no lo hizo, sino que ninguneó e incluso insultó a los familiares de los 62 soldados españoles que habían muerto cumpliendo con su deber, pero por culpa de la imprudencia y, todo hay que decirlo, el desprecio por sus vidas de otros. Y quien, por pura decencia humana y política, debería haber dimitido y pedido perdón a las familias de los militares fallecidos pero no hizo ni una ni otra cosa, fue posteriormente recompensado con un puesto que ya lo querría yo para mí mismo, o cualquier otro españolito de a pie. Y cuando hace pocos días el Consejo de Estado dictaminó sin ningún tipo de circunloquio y por absoluta unanimidad que el Ministerio de Defensa (y por tanto su cabeza en aquel entonces) eran responsables de lo que sucedió, esta persona dijo que era mentira que hubiera afirmado eso el Consejo de Estado y que él iba a dejar su actual cargo dentro de unos meses porque a él le daba la gana, y no porque pensara que fuese responsable de algo o le obligara su jefe, el presidente del Gobierno.

Una nueva bofetada a las familias, un nuevo insulto, un nuevo desprecio. Sesenta y dos militares españoles, soldados de un Ejército que vive y trabaja para proteger a su país y sus ciudadanos, que fueron enviados como pacificadores y benefactores a unas guerras ajenas en principio a nuestros intereses pero en las que se actuaba como fuerza de paz, soldados que han hecho de nuestro actual Ejército una de las instituciones más valoradas de nuestro Estado por los ciudadanos; sesenta y dos militares españoles perdieron sus vidas y también sus muertes, porque muchas de sus familias ni siquiera pudieron velarlos y enterrarlos en su momento, ante los intentos de aquel ministro de Defensa por esconder la verdad. No lo entiendo. Soy incapaz de entender tanta vileza, tanta bajeza, tanta prepotencia, tanta falta de empatía con la gente a la que en teoría dirige, con sus deudos, con el Ejército en general. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza.

La historia no olvida. Y sepa usted, exministro de Defensa, que tampoco olvidará lo que ha hecho. Lo que, al menos en mi pueblo, se llama miseria moral.