Hoy, 21 de diciembre, el equipo de Gobierno se ha sumado a la campaña contra la pobreza energética, con la exigencia de #NoMasCortesDeLuz realizando un apagón de las 19 a las 20 horas en algunos edificios y lugares significativos de la ciudad, como lo son la Plaza Mayor, Esquina del Convento, Paseo y Plaza de España. La acción está convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil, "que han desarrollado propuestas durante los años de crisis para poner fin al drama de la pobreza energética y a la impunidad de las compañías energéticas".
La lucha contra la pobreza energética era uno de los ejes de la llamada Ley 25 de Podemos, que proponía "garantizar el suministro energético para familias y colectivos vulnerables, como mujeres víctimas de violencia machista, menores o discapacitados" y que decayó apenas comenzó su trámite parlamentario junto con la infructuosa legislatura posterior al 20D.
Su visibilización fue el objetivo de la primera campaña de la iniciativa Vamos!, "pero ha sido la muerte de una anciana de 81 años en Reus lo que ha puesto el asunto en el centro del debate y lo que ha empujado al partido de Pablo Iglesias a lanzar una ofensiva en las instituciones y en la calle que se centra en las empresas eléctricas", aseguran desde Podemos Cieza.
En palabras de Iglesias “"es gravísimo que en la cuarta economía de la zona euro mueran personas porque no pueden pagar la luz". En Podemos "no nos quedamos solo en las trincheras de la sociedad civil, que son necesarias, y deben ser el impulso y apoyo a nuestras propuestas a la pobreza energética que giran en torno a una idea central: el acceso a la energía, al igual que el acceso a la vivienda o a la educación, es un derecho ciudadano".
Por ello, Podemos a nivel nacional propone medidas de urgencia como la prohibición de los cortes de suministro por impago sin autorización por parte de los servicios sociales si se trata de un “hogar vulnerable”, reestructuración completa del bono social (incluyendo la extensión a los suministros de gas y agua, además del de electricidad), en particular, la progresividad de las ayudas en función de la renta será tal que se garantice un consumo mínimo vital (el “consumo mínimo vital” también tendrá que ser fijado en el desarrollo normativo) accesible para todos los ciudadanos.
Y medidas estructurales como un plan de ahorro y eficiencia energética (uno de los dos pilares del Plan Nacional de Transición Energética). "Centrándonos en rehabilitación energética de viviendas para reducir su consumo y, por tanto, la factura energética", aprobación de una normativa que permita el despegue del autoconsumo, y una batería de medidas íntimamente relacionadas con la reducción de la influencia del "oligopolio eléctrico y de las retribuciones que reciben las grandes eléctricas, que se encuentran en el origen del espectacular incremento del precio de la factura".
