La realidad más pura y dura es que apenas ha habido previsión en este sentido por parte de las autoridades políticas. Ya desde marzo se hablaba del asunto, se lanzaban ideas y planes por parte de trabajadores y expertos y se observaba el mutismo forzado de los políticos, que decían primero que era pronto para tomar decisiones y que después callaban porque no tenían nada que decir. Y cuando lo han dicho lo han hecho no con la boca pequeña, sino con la ininteligible. Es decir, con palabras vacías y sin apenas justificación alguna. Lo que sí está claro es que sin medios y sin directrices es imposible que los centros educativos por sí mismos puedan desarrollar actuaciones de seguridad coherentes. Y peor aún: el que la autoridad educativa (es decir, los políticos) pretendan culpar a priori a las directivas de estos centros y a su profesorado de cualquier fallo en la seguridad es no solo un insulto a la profesionalidad de todos los docentes, sino una indecencia humana y política que no tiene otro objetivo que protegerse a ellos mismos por su incapacidad e inactividad.

Las directivas sanitarias que se recomiendan en colegios e institutos son las mismas que se ofrecen para cualquier otra actividad diaria: distancia social, mascarillas siempre puestas, lavado constante de manos, evitar el contacto, etc. Solo que en un centro educativo se concentran personas en cantidades muy importantes, siendo además edificios cerrados y contando con una parte mayoritaria de usuarios de edad muy joven y, por tanto, menos cumplidores habitualmente de todas estas recomendaciones. Sin tener en cuenta que por cada profesor o profesora habrá, como mínimo, trece o catorce alumnos y alumnas, aunque en realidad la proporción será mucho mayor, dada la realidad de la educación en España, y en muy pocas ocasiones cada docente puede tener en su aula a menos de 25 alumnos, siendo las ratios reales en más de una ocasión (y de dos y de tres y de cuatro) superiores a 30 alumnos por clase e incluso a más de 35. Y lo curioso del caso es que ahora mismo están prohibidas, por ejemplo, las reuniones en terrazas de establecimientos hosteleros de más de 10 personas. En teoría, por el peligro de contagio.

¿Y si hay que recurrir a la enseñanza online? Pues entonces la cosa se complica. Porque no hay medios para ello. Lo que ocurrió durante el confinamiento fue un espejismo, porque los profesores tuvieron que recurrir a sus propios medios informáticos personales y además lo enseñado durante el encierro apenas fue evaluado. Por no hablar de la carencia de medios de buena parte del alumnado. Pero ahora los centros educativos deberían contar con los medios suficientes para garantizar la educación telemática a sus alumnos, y creedme: ni siquiera los más informatizados cuentan con los medios necesarios para ello. Aunque, al menos en el caso de Murcia, el gobierno regional ha anunciado importantes (aunque insuficientes en mi opinión) inversiones en material tecnológico, dudo mucho que el profesorado vuelva a suplir con sus propios medios personales esas carencias. Además, a fecha de hoy esos materiales no han llegado a los centros, aunque solo queden diez días para el inicio del curso. Ni tampoco se han hecho públicos los criterios para su reparto.

¿Qué haría falta para que las medidas de seguridad tuviesen una cierta garantía? Pues, por ejemplo, más profesores. Bastantes más. Pero no da la impresión de que las administraciones educativas estén muy por la labor. Más bien al contrario. Aunque después intenten engañar al público anunciando la contratación de profesorado en cantidades que parecen importantes (500 por ejemplo en la Región de Murcia) pero que ni siquiera dan para dotar de un nuevo docente a cada centro (Murcia tiene más de 700 centros educativos tan solo de titularidad pública). Echad cuentas…

No creáis que la cosa va mal solo aquí. En otras regiones la irresponsabilidad, la inacción y la incapacidad de la administración educativa son similares a las de la Región de Murcia. Incluso se da la paradoja de que quienes hasta hace poco exigían a grito pelado que las comunidades autónomas tomaran las riendas de la lucha contra la pandemia exigen ahora que el estado central dicte las normas comunes de vuelta al cole. ¿Por qué? Pues porque ante su incapacidad para tomar medidas pretenden que sea el estado quien las tome, para culparle así si la cosa sale mal o exigirle las transferencias de las políticas educativas si las cosas van bien. Y para tener también algún tipo de manual de instrucciones sobre posibles medidas a tomar.

Hay muchos más datos negativos en la cuestión de la vuelta al cole en época de nueva normalidad. Pero lo peor, con mucho, es la falta de previsión de buena parte de nuestros políticos, que raya a veces en la inconsciencia. Política de esperar y ver, o de hacer lo que hace el avestruz: meter la cabeza bajo tierra y decir que aquí no pasa nada.

Mal asunto. Muy malo.