Acaba de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo que avala la reducción del complemento de productividad a una empleada pública que se negaba a cumplir las órdenes recibidas, no respondía al teléfono y cuyo nivel de trabajo era mínimo. Dado que la funcionaria (como muchos de los demás funcionarios) recibía un plus por una productividad que no cumplía en absoluto, y teniendo en cuenta que no la cumplía porque, literalmente y hablando en plata, no le daba la gana, el Supremo daba la razón a la administración al reducir esta dicho complemento a la trabajadora. Eso sí, siempre que haya razones objetivas y cuantificables para dicha reducción.
Yo soy funcionario. Antes de seguir debo decir que, en mi ya vasta experiencia en el sector público, he conocido muy pocos casos similares al que ha generado la noticia. Los funcionarios en general tenemos mala fama: se nos acusa de vagos, poco cumplidores, enchufados, privilegiados y no sé cuántas cosas más. Pienso que hay en ello algo de envidia a nuestra condición de trabajadores irremovibles, que no pueden ser despedidos salvo por causas muy graves. Algo que tiene su explicación y que viene del siglo XIX, cuando la victoria de un partido político significaba echar a la calle a casi todos los funcionarios anteriores (la cesantía, que así se llamaba este paro funcionarial forzoso) para colocar en su lugar a adeptos al partido vencedor. Como podéis suponer, queridas lectoras y lectores, esto no tenía otro efecto que el caos y la parálisis permanentes en la administración, dado que los funcionarios tenían como único mérito para serlo la afinidad política o el enchufe, y no el conocimiento de la legislación o de los trámites burocráticos. Vamos, que el estado no funcionaba, a pesar de que sí tenía funcionarios. Así que en un momento dado los líderes políticos decimonónicos llegaron a la conclusión de que no se podía seguir así.
Y para solucionar la cuestión, de vital trascendencia para el funcionamiento del país, tomaron dos decisiones. La primera, el acceso a la función pública mediante oposición, garantizándose de esta forma que quienes sirvieran al estado estuviesen capacitados para ello. La segunda, el carácter irremovible del empleo de funcionario, evitándose de esta manera el trasiego constante y caótico de personal por motivos políticos. Y así surgió el funcionariado moderno.
Hay que decir algunas cosas en defensa de los funcionarios. Por ejemplo, que un funcionario es un trabajador del estado, no de un partido político. No se debe confundir a los asesores, que son nombrados a dedo por lo políticos y cobran generalmente altos sueldos por hacer poco o nada (aunque hay de todo, como en botica) con un empleado público, que ganó su plaza en una dura oposición demostrando que conocía realmente y muy bien los rudimentos de su futuro trabajo. Tampoco, naturalmente, se les debe confundir con los políticos, muchos de los cuales hacen y deshacen a su antojo y no asumen prácticamente responsabilidades, mientras que un funcionario sí está sometido a un estricto régimen jurídico. Hay que decir también que salvo en sectores muy concretos el salario de los funcionarios es más bajo que el de sus homólogos del sector privado, aunque a cambio no pueden ser despedidos. Y claro está, hay que insistir a todos aquellos que denigran a los funcionarios que el funcionariado está abierto a todos los españoles que cumplan los requisitos de titulación; lo único que hay que hacer es estudiar hasta la extenuación y demostrar en una maratón de pruebas que eres quien más sabe de los miles (y a veces decenas de miles) de personas que optan a las plazas convocadas en una oposición. Y dicho esto, tengo que admitir que hay funcionarios que desprestigian al resto del gremio con sus actitudes o su golfería. No más que en otros sectores laborales, no vayáis a creer, que lo sé de buena tinta. Pero claro, buena parte de los funcionarios trabajan de cara al público, por lo que su mal comportamiento se nota más. Y ahí está el quid de la cuestión: hay funcionarios (insisto, pocos pero se hacen notar) que creen que por serlo tiene ya patente de corso. Y como resulta que es difícil privarles de su puesto de trabajo, pues más a su favor para no cumplir con sus obligaciones. Pero si la ley ampara la sanción económica o administrativa por incumplimiento de sus deberes laborales estoy seguro de que la mayoría de estos trabajadores públicos, aunque sólo fuera por no perder dinero o beneficios, cambiarían de actitud. Y a los que persistieran, pues mayores sanciones. Siempre que los motivos fueses probados y los procedimientos objetivos, no hay razón alguna para no sancionar a quienes no cumplen con su deber.
Y de esta forma ganaríamos todos. Los ciudadanos, porque recibirían un mejor servicio, aunque hay que decir que la inmensa mayoría de los funcionarios ya hace todo lo que está en su mano e incluso más para ello. Los funcionarios, porque la mala fama que padecemos se vería probablemente reducida. Y la administración, porque mejoraría en general su imagen y su productividad en general. Así que, aun siendo yo funcionario y arriesgándome a ser atacado por quienes puedan padecer estas medidas he de decir que sí, que en mi opinión se puede y se debe bajar el sueldo o sancionar al funcionario que no cumpla con su deber.
