Hace pocos días se conocía la noticia de la atribución por el juez Velasco al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada. No es una imputación basada en pruebas endebles: la misma Guardia Civil ha enviado al juez y a las fiscales que instruyen el caso de la trama Púnica informes no ya firmes, sino pétreos en este sentido. De repente, el Fiscal General del Estado tercia en el asunto para presionar para que no se impute al presidente Sánchez, según él tras pedir a otros seis fiscales un dictamen sobre este asunto. Ninguno de ellos, curiosamente, del sistema judicial de Murcia, cuyo jefe superior afirma que a él nadie le ha preguntado, aunque no era preceptivo el hacerlo. Las dos fiscales del caso, por su parte, están convencidas de que hay indicios suficientes para iniciar la imputación; a ellas tampoco se les preguntó.
Para más inri, se hace público que ha habido presiones del ministro de Justicia a la Fiscalía Anticorrupción para que ésta aconseje no imputar (o investigar, según la nueva terminología) a Sánchez. Incluso el ministro se permite amenazar públicamente y en directo, aunque de forma velada, a las fiscales del caso si siguen adelante con la imputación del presidente de nuestra Región. Un apoyo que no tiene la suerte de recibir la otra investigada por este caso, la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro.
Y no acaba ahí la cosa. La consejera portavoz del gobierno regional, Noelia Arroyo, tiene un lapsus y hace pública información sobre el proceso que bajo ningún concepto debería estar en su poder, siendo información confidencial que no debe salir de los canales judiciales. Una vez se da cuenta del desliz, se cierra en banda a cualquier comentario sobre las fuentes de las que ha obtenido dicha información.
La tormenta política se desata. La oposición en pleno pide la dimisión de Pedro Antonio Sánchez. Ciudadanos, sin cuyo apoyo el presidente se encontraría en minoría, hace saber que si el presidente es imputado o dimite o se le retirará el apoyo. Sánchez afirma en el Parlamento Regional que cumplirá su palabra y que cumple la ley, pero no aclara si efectivamente dimitirá de verse imputado o no lo hará.
Y entre tanto se produce el segundo asalto consecutivo al domicilio del fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, quien es el responsable de la investigación de los numerosos casos de corrupción que están saliendo a la luz en nuestra Comunidad. En el primer asalto ya le sustrajeron un portátil en el que estaban grabados los sumarios de dichos casos. En el segundo registraron cajones y estanterías, pero parece ser que no encontraron lo que buscaban.
Y la cosa no acaba aquí. El martes 14 de febrero era asaltado el domicilio particular de un subinspector de Hacienda que participa como perito en la investigación de muchos de los casos de corrupción que se han producido en la Región. La policía está realizando las pesquisas pertinentes, en especial sobre el ordenador de este funcionario ¿Casualidad? ¿Qué pasa en Murcia? ¿Es esto normal? ¿Nos podemos permitir semejante espectáculo ante el resto del país y ante el mundo? Murcia es tierra de buena gente, pero lo que se ve desde fuera de nosotros nos deja en muy mal lugar. Si nosotros viésemos este espectáculo en otra región, ¿qué pensaríamos de ella? ¿Invertiríamos nuestro dinero en ella, o incluso iríamos de vacaciones a un lugar así? ¿Confiaríamos en sus habitantes? Pues eso mismo es lo que deben estar pensando de nosotros. Y seguro que no nos gusta. Pero nada en absoluto.
