Un proceso fallido y trufado de ilegalidades, puesto en suspenso por los mismos políticos independentistas a los 15 segundos de la declaración unilateral de independencia y que hoy, a pesar de declaraciones rimbombantes y amenazas constantes del mismísimo presidente de la Generalitat, sigue así: congelado, en suspenso, sin avanzar hacia su objetivo.

¿Por qué se juzga a estos líderes políticos y sociales? Los independentistas catalanes, a cuya estrategia victimista le viene de perlas el inicio del juicio, pretenden vender la idea de que se les juzga precisamente por eso, por ser independentistas. Algo que por cierto es ilegal, pero que además no es verdad, ya que en España no se puede juzgar a nadie por sus ideas políticas, sean del tipo que sean, siempre que no se impongan por la fuerza o mediante la violencia. Y como muestra un botón: prácticamente todos los políticos independentistas que votaron la declaración de independencia y que trabajaron en su consecución, que declararon públicamente su intención de separarse de España y de crear una nueva república, siguen tranquilamente en sus casas y continúan con su actividad política. Entre ellos muchos de los máximos líderes del movimiento.

Curiosamente en esta apreciación coinciden con sus adversarios más enconados, los partidos de la derecha más nacionalista de España, muchos de cuyos militantes y líderes reclaman castigo al “delito” de independentismo. Estos también se equivocan, no existe ese delito y no se puede juzgar a nadie por ello. La realidad es que estos políticos son juzgados por haber cometido presuntamente una serie de delitos bien tipificados en el código penal, como desviación y malversación de fondos públicos, rebelión, sedición y conspiración. Para simplificar: los líderes independentistas que van a ser juzgados, muchos de ellos cargos de la Generalitat y por tanto del Estado, se saltaron a la torera el orden legal vigente y utilizaron fondos públicos precisamente para destruir el ordenamiento constitucional haciendo de Cataluña un país independiente de España. Casi sin esconderse realizaron acciones contrarias a la Constitución y las leyes confiando de forma un tanto pueril en que sus actos no tendrían consecuencias porque los realizaban por motivos políticos. Como si estuvieran por encima de la ley o fuesen ajenos a esta.

Es curioso que un proceso independentista que se vanagloriaba de actuar desde la legalidad y dando cumplimiento al mandato popular actuase después de esta manera. Pero lo más curioso es esa confianza en que, pasase lo que pasase, a ellos no les ocurriría nada. No podían además obviar las advertencias del gobierno central de que las ilegalidades que se cometiesen serían depuradas y se exigirían las correspondientes responsabilidades legales. Sin embargo ignoraron todo esto. Y después llegaron las consecuencias.

De hecho en un momento dado cundió el pánico y algunos de los dirigentes políticos catalanes independentistas, incluido la cabeza visible del proceso, Puigdemont, huyeron cuando vieron que la probabilidad de ser detenidos se hacía cada día más real. Otros mantuvieron el tipo y en mi opinión la dignidad y se quedaron a asumir las consecuencias legales de sus actos. Algunos fueron encausados; otros, detenidos. Estos últimos quizás fueron tratados con demasiada dureza legal y permanecieron en prisión preventiva hasta el día de hoy.

El caso es que el juicio va a comenzar en pocos días. De hecho los políticos presos ya han sido trasladados a Madrid desde la cárcel catalana en la que estaban recluidos. Comienza ahora un proceso que puede resultar políticamente beneficioso o muy perjudicial para los bandos enfrentados. Los independentistas desean convertirlo en una farsa jurídica en la que se demuestre que el Estado Español es un estado opresor en el que no existe seguridad jurídica y se castiga la disidencia política. Pretenden ni más ni menos que recabar el hasta ahora casi inexistente apoyo exterior al procès haciendo creer a la comunidad internacional que España es una dictadura que les persigue por sus ideas y que ellos son demócratas inmaculados que sólo buscan la libertad de su pueblo y el respeto a los derechos humanos. El gobierno español por su parte lo tiene algo más complicado, ya que debe respetar la independencia de la justicia y no puede decantarse hacia un resultado u otro del juicio. Pero sí debe garantizar la imparcialidad del mismo y que este se ajuste escrupulosamente a derecho. De esta forma podría dar la vuelta completa a la tortilla, ya que demostraría que España es un estado de derecho (algo que es reconocido internacionalmente sin fisuras) y que no se juzga a los políticos independentistas por sus ideas, sino por la presunta comisión de delitos tipificados en el código penal.

La reacción del movimiento separatista, sea cual sea la sentencia, será de denuncia y de intento de movilización. Pero si el proceso jurídico se ajusta a derecho, es público y transparente, el independentismo catalán más radical se encontrará en un callejón sin salida, sin apoyos exteriores, dividido y sin un plan que seguir; es más, sus pretendidas justificaciones para escindirse de España caerán en buena medida por su base.

¿Qué pasará finalmente? Los resultados, en unas cuantas semanas.