¿Por qué tenemos leyes? Pues porque, a pesar de que muchos pensadores han clamado por la bondad innata del ser humano, las más de las veces los humanos hemos demostrado lo salvajes, irracionales, insolidarios, aprovechados y otros muchos epítetos negativos que somos y que no añado por no aburrir al lector. Y para evitar que la convivencia entre humanos se convierta en un estado perpetuo de violencia y destrucción, nos hemos ido dotando de unas normas de convivencia, las leyes. Unas normas que sólo son efectivas si son de obligado cumplimiento para todos.

Por eso, y en teoría, el que no cumple las normas, las leyes, debe ser corregido y castigado. Por un lado, para que se dé cuenta de que ha hecho mal, de que ha ido contra la colectividad que sí cumple la ley. Por otro para que aprenda que no debe hacerlo más, y que si reincide será castigado de nuevo e incluso con mayor dureza. Pero también para que los demás, los que sí cumplen, vean que el no cumplir tiene sus consecuencias, negativas siempre, para el infractor, y se vean así reafirmados en su actitud de respeto y cumplimiento hacia la ley, que redunda casi siempre en beneficio de la colectividad.

Y ésta es precisamente la misión de la ley: permitir e incluso mejorar la convivencia pacífica y provechosa entre los seres humanos. Cuando alguien incumple la ley, en la mayor parte de los casos lo hace en su propio beneficio y en perjuicio de los demás. Y los demás, que han firmado ese contrato virtual, ese contrato social de respeto y cumplimiento de la ley, ven al infractor como alguien insolidario, aprovechado, indigno en suma.

La ley es uno de los pilares de la civilización y de la sociedad. El compromiso de su cumplimiento es el compromiso con la sociedad, con la vida en común. A pesar de que la ley no siempre es justa. Pero hay una condición sin la que la ley pierde toda su eficacia civilizadora y socializadora: la necesaria e imprescindible igualdad de todos los ciudadanos ante ella.

Y es que, en los tiempos en los que nos encontramos, y más en nuestro país, son mayoría los ciudadanos que están absolutamente convencidos de que la ley no es igual para todos. Y las noticias que todos los días nos llegan desde los medios de comunicación no hacen sino confirmar esta convicción. Así, madres que roban para dar de comer a sus hijos son condenadas a penas de cárcel, al igual que antiguos pequeños delincuentes hoy rehabilitados y que han sido capaces de reinsertarse en la sociedad y formar una familia. En muchas ocasiones incluso entran en prisión sin que los indultos que tan pródigamente se otorgan a otras personas sirvan para ellos. Y mientras tanto delitos flagrantes de corrupción política, de blanqueo de capitales o evasión de impuestos, de estafa, delitos de guante blanco en suma, escapan las más de las veces a todo castigo, o sus juicios se alargan tanto que cuando finalmente se dicta sentencia, si es condenatoria, poco menos que no puede ser ya aplicada.

Pero no se trata tan sólo en la diferencia de tratamiento de unos y otros delitos: es la diferencia en el trato a unos y a otros presuntos delincuentes, dependiendo de la clase social a la que pertenezcan o de su adscripción política, la que hace poner a los ciudadanos el grito en el cielo. Y cuando la actuación de las autoridades, que son quienes precisamente más debían velar por el trato igualitario y el castigo sin diferenciaciones a los delincuentes convictos, va escandalosamente en la dirección de manipular la justicia poniéndola en manos de afines políticos o simplemente de obstaculizarla, la gente común, los ciudadanos de a pie, nos hartamos. Y empezamos a pensar que la justicia no es igual para todos. Y comenzamos a creer que este sistema no ya sólo legal, sino también social y político, no es justo. Y entonces, cuando pedimos explicaciones, cuando exigimos que los fundamentos del sistema en el que vivimos no se prostituyan en beneficio de unos pocos, se nos acusa precisamente de antisistema, de extremistas, de populistas. Y claro, los ciudadanos aumentan su desafección hacia el sistema, y algunos se sorprenden de que esto ocurra, y claman al cielo y se mesan los cabellos, pero siguen actuando de la misma forma.

Y los ciudadanos, los que cumplimos con nuestros deberes hacia la ley, los que de verdad somos sistémicos, los que pensábamos que era bueno defender el sistema, nuestro sistema, llegamos a un límite en el que dejamos de creer en el que creíamos nuestro sistema pero que finalmente sólo beneficiaba a quienes incumplían sus normas, sus leyes. Y es entonces cuando surgen los movimientos sociales, políticos, incluso revolucionarios, que a fuerza de recibir golpes acaban por defenderse de ellos e intentar derribar un sistema injusto para levantar otro más justo. Y es entonces cuando quienes se aprovecharon del sistema, lo vaciaron, lo pudrieron, apelan a las leyes que ellos mismos convirtieron en papel mojado aplicándolas siempre a los demás, pero no a ellos, que estaban por encima. Y en ese momento, demasiado tarde para sus intereses, se dan cuenta de que la ley es virtud, aunque ellos no son virtuosos. Y descubren que los que poco o nada tienen, los virtuosos que sí cumplían con su deber de respeto a la ley, tienen un vicio tremebundo, horrible, del que no se curan jamás; los que poco o nada tienen tienen el vicio y el deseo de la justicia, que debe ser compañera de la ley.

¡Y ay cuando no lo es!